En paralelo a la Ley, es primordial que haya una mejor vinculación entre las autoridades federales y locales, que asuman compromisos reales en materia de profesionalización de cuerpos policÃacos.
Por Marcelo Hernández*ArtÃculo publicado originalmente en Red Forbes, el 27 de marzo de 2018
El Informe sobre delitos de alto impacto en 2017 del Observatorio Nacional Ciudadano, publicado en febrero de este año, confirma que la situación de seguridad en México sigue en deterioro: el año pasado se registraron niveles históricos en homicidio doloso, con un aumento de 5.9% respecto a 2011 –el año más violento del que se tenÃa registro–. En México sucede un homicidio doloso cada 18 minutos, y durante 2017 aumentaron ocho de los 10 delitos de alto impacto a nivel nacional.
La preocupación que compartimos la sociedad civil y el sector privado es genuina: la inseguridad en México ha generado un grave deterioro en el tejido social e impacta negativamente la economÃa del paÃs, pues incide directamente en la confianza de los inversionistas, los costos y la competitividad de los negocios.
La controversia que ha generado la Ley –de hecho, aunque se encuentra vigente, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a no aplicarla hasta que la Suprema Corte resuelva su Constitucionalidad–, surge del temor de que la presencia continuada de las fuerzas armadas en las calles tenga un impacto negativo en el largo plazo, generando mayor violencia en vez de disminuirla.
Al respecto, es importante considerar los siguientes puntos:
- Los cuerpos policiacos son los encargados de brindar la seguridad pública y el Ejército tiene sus propias funciones. Sin embargo, el crimen organizado se ha complejizado e intensificado en últimos tiempos y representa una amenaza extraordinaria que rebasa la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos.
- En este sentido, se debe entender (y aplicar) la participación de las fuerzas armadas como un último recurso de acción.
- Si bien el foco de atención está en el crimen organizado, la Ley prepara la coordinación para la acción ante cualquier tipo de amenaza posible, como lo podrÃan ser pandemias, o intentos de golpe de Estado.
Como enfatizó AgustÃn Acosta, socio del despacho jurÃdico Carrancá, Araujo, Acosta y Riquelme, “Como abogado litigante, no tengo absolutamente nada que criticar a esta Ley que es, sin embargo, resultado de un fracaso estrepitoso”.
Si bien es positivo contar con un marco regulador para situaciones que en el dÃa a dÃa ocurren sin que haya una asignación concreta de responsabilidad, la inquietud que permanece es válida: ¿la Ley de Seguridad Interior es suficiente para terminar con la violencia que vivimos como ciudadanos y que nos afecta en todos los ámbitos?
En paralelo a la Ley, es primordial que haya una mejor vinculación entre las autoridades federales y locales, que asuman compromisos reales en materia de combate a la violencia y profesionalización de cuerpos policiacos.
Asimismo, es necesario avanzar, en paralelo, en el fortalecimiento institucional. Como enfatizó Moisés Castro Pizaña, Coordinador del Comité de Derecho Penal y Consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), “el sistema tiene que estar basado en la prevención y no en la represión, desarrollando en paralelo polÃticas de largo plazo de educación, desarrollo económico y seguridad”.
La profesionalización y depuración de los policÃas municipales y estatales, de la mano de un mayor respeto a la labor que realizan, asà como un verdadero énfasis en una cultura de la legalidad en nuestras casas, escuelas y empresas, son indispensables para avanzar hacia una solución real en materia de seguridad.
*Presidente del Comité de Seguridad de American Chamber of Commerce of Mexico y Director General de AIG Seguros México.
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